¡SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO CAMPESINO EN LUCHA!
El Partido Socialista, ante el contundente Paro Agrario y la respuesta represora del régimen aprista a esta medida de lucha, manifiesta lo siguiente:
1. Nuestro total respaldo a las exigencias planteadas por las diversas organizaciones campesinas y agrarias frente a la indiferencia e incompetencia del régimen aprista para resolver la profunda crisis que atraviesa el sector agrario, el cual es uno de los sectores más olvidados por los gobiernos de turno. La aplicación del modelo neoliberal ha agravado la dependencia alimentaria y ha obligado a vivir en condiciones de subsistencia a sus mayorías productoras y trabajadoras, problema que se agravará más, sin duda, con la implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos.
2. Hacemos nuestras las demandas de nuestros hermanos campesinos y productores del campo, tales como la instalación de una Mesa de Diálogo Permanente entre los Gremios Agrarios y el Gobierno; el apoyo del Ministerio de Agricultura y AGROBANCO a los Gremios Agrarios para bajar en un 30 o 40 % los precios de los fertilizantes, los cuales encarecen los costos de producción en el campo; la inmediata elaboración de los estudios de impacto para los productos agrarios sensibles que serán afectados por el TLC debido a la competencia desleal de los productos importados de Estados Unidos, los cuales son subsidiados por el Gobierno Norteamericano; la revisión de los proyectos de Ley del Ejecutivo que ponen en riesgo la intangibilidad de las comunidades campesinas y nativas, con el supuesto propósito de promover la inversión privada en sus territorios, cuando en realidad se trata de privatizar estos; la promulgación de una Ley General de Aguas que se elabore en consenso con los productores agrarios y la creación de una autoridad autónoma que oriente políticas para descontaminar los ríos y asuma la defensa del medio ambiente como fundamental; banderas enarboladas principalmente por los gremios de CONVEAGRO - entre los que está la Confederación Campesina del Perú (CCP) - y también por la Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego del Perú (JNUDRP).
3. Condenamos la implementación del Estado de Emergencia, medida decretada por el gobierno aprista, que ha causado el asesinato de cinco peruanos desarmados - algunas de ellas debido a disparos en la cabeza - y decenas de heridos producto de disparos al cuerpo tanto de balas como de bombas lacrimógenas. Es más que seguro que estas muertes queden impunes debido a los decretos supremos que se promulgaron el año pasado, los cuales declaran inimputables a los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales que usen armas de fuego para dispersar manifestaciones y no sean investigados por el Ministerio Público.
4. Exigimos se haga justicia por el asesinato de activistas campesinos en justa lucha por sus derechos. Estos crímenes no pueden quedar sin castigo, y no tan solo de los causantes directos de tales hechos, sino que en toda la línea de mando que se demuestre sea responsable directa e indirectamente de tales crímenes de lesa humanidad, debiendo, por tanto, sumarse estos a las cuentas pendientes que tiene en particular Alan García Pérez
5. Rechazamos la actitud de Alan García Pérez, quien lejos de exigir una investigación que esclarezca sobre quiénes asesinaron a los manifestantes, felicitó la actuación de las fuerzas represoras que usaron indiscriminadamente sus armas de fuego; incluso afirmó que los responsables de estas muertes son los organizadores del Paro Agrario a quienes, en un comportamiento totalmente repudiable e irresponsable, calificó de "pseudodirigentes". Asimismo, demostrando la soberbia y el poco comportamiento democrático que le caracteriza, García Pérez, empeñado en hacer creer que estamos en el país de "las mil maravillas", se dedica, de igual manera, a desprestigiar a sus opositores políticos diciendo que perseguimos intereses ajenos a los de los peruanos, todo esto con la complicidad de la mayoría de los medios de comunicación, puestos al servicio de la dictadura del dinero.
6. Exigimos la renuncia, no solo del ministro del interior Luis Alva Castro, y del ministro de agricultura Ismael Benavides, por las muertes causadas y el uso de la violencia y por la incapacidad para resolver los problemas del sector agrario, respectivamente, sino también del primer ministro Jorge del Castillo y todo su gabinete, pues son en conjunto solidarios en actividades contrarias a los intereses de la gran mayoría de los peruanos. Un nuevo gabinete bajo nueva conducción deberá, de inmediato, atender las demandas de la población del campo, haciendo caso a los reclamos del pueblo organizado que pide diálogo, que pide que se gobierne para todos y no tan solo para beneficio de unos cuantos privilegiados. De igual manera, exigimos la derogatoria de los Decretos Supremos que criminalizan las luchas sociales y autorizan matar a civiles sin armas con impunidad.
1. Nuestro total respaldo a las exigencias planteadas por las diversas organizaciones campesinas y agrarias frente a la indiferencia e incompetencia del régimen aprista para resolver la profunda crisis que atraviesa el sector agrario, el cual es uno de los sectores más olvidados por los gobiernos de turno. La aplicación del modelo neoliberal ha agravado la dependencia alimentaria y ha obligado a vivir en condiciones de subsistencia a sus mayorías productoras y trabajadoras, problema que se agravará más, sin duda, con la implementación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos.
2. Hacemos nuestras las demandas de nuestros hermanos campesinos y productores del campo, tales como la instalación de una Mesa de Diálogo Permanente entre los Gremios Agrarios y el Gobierno; el apoyo del Ministerio de Agricultura y AGROBANCO a los Gremios Agrarios para bajar en un 30 o 40 % los precios de los fertilizantes, los cuales encarecen los costos de producción en el campo; la inmediata elaboración de los estudios de impacto para los productos agrarios sensibles que serán afectados por el TLC debido a la competencia desleal de los productos importados de Estados Unidos, los cuales son subsidiados por el Gobierno Norteamericano; la revisión de los proyectos de Ley del Ejecutivo que ponen en riesgo la intangibilidad de las comunidades campesinas y nativas, con el supuesto propósito de promover la inversión privada en sus territorios, cuando en realidad se trata de privatizar estos; la promulgación de una Ley General de Aguas que se elabore en consenso con los productores agrarios y la creación de una autoridad autónoma que oriente políticas para descontaminar los ríos y asuma la defensa del medio ambiente como fundamental; banderas enarboladas principalmente por los gremios de CONVEAGRO - entre los que está la Confederación Campesina del Perú (CCP) - y también por la Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego del Perú (JNUDRP).
3. Condenamos la implementación del Estado de Emergencia, medida decretada por el gobierno aprista, que ha causado el asesinato de cinco peruanos desarmados - algunas de ellas debido a disparos en la cabeza - y decenas de heridos producto de disparos al cuerpo tanto de balas como de bombas lacrimógenas. Es más que seguro que estas muertes queden impunes debido a los decretos supremos que se promulgaron el año pasado, los cuales declaran inimputables a los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales que usen armas de fuego para dispersar manifestaciones y no sean investigados por el Ministerio Público.
4. Exigimos se haga justicia por el asesinato de activistas campesinos en justa lucha por sus derechos. Estos crímenes no pueden quedar sin castigo, y no tan solo de los causantes directos de tales hechos, sino que en toda la línea de mando que se demuestre sea responsable directa e indirectamente de tales crímenes de lesa humanidad, debiendo, por tanto, sumarse estos a las cuentas pendientes que tiene en particular Alan García Pérez
5. Rechazamos la actitud de Alan García Pérez, quien lejos de exigir una investigación que esclarezca sobre quiénes asesinaron a los manifestantes, felicitó la actuación de las fuerzas represoras que usaron indiscriminadamente sus armas de fuego; incluso afirmó que los responsables de estas muertes son los organizadores del Paro Agrario a quienes, en un comportamiento totalmente repudiable e irresponsable, calificó de "pseudodirigentes". Asimismo, demostrando la soberbia y el poco comportamiento democrático que le caracteriza, García Pérez, empeñado en hacer creer que estamos en el país de "las mil maravillas", se dedica, de igual manera, a desprestigiar a sus opositores políticos diciendo que perseguimos intereses ajenos a los de los peruanos, todo esto con la complicidad de la mayoría de los medios de comunicación, puestos al servicio de la dictadura del dinero.
6. Exigimos la renuncia, no solo del ministro del interior Luis Alva Castro, y del ministro de agricultura Ismael Benavides, por las muertes causadas y el uso de la violencia y por la incapacidad para resolver los problemas del sector agrario, respectivamente, sino también del primer ministro Jorge del Castillo y todo su gabinete, pues son en conjunto solidarios en actividades contrarias a los intereses de la gran mayoría de los peruanos. Un nuevo gabinete bajo nueva conducción deberá, de inmediato, atender las demandas de la población del campo, haciendo caso a los reclamos del pueblo organizado que pide diálogo, que pide que se gobierne para todos y no tan solo para beneficio de unos cuantos privilegiados. De igual manera, exigimos la derogatoria de los Decretos Supremos que criminalizan las luchas sociales y autorizan matar a civiles sin armas con impunidad.
¡Basta ya de usar nuestras Fuerzas Policiales y militares para
asesinar hijos e hijas del pueblo!
¡Viva la lucha del pueblo campesino!
¡Por justicia, paz y contra toda violencia!
asesinar hijos e hijas del pueblo!
¡Viva la lucha del pueblo campesino!
¡Por justicia, paz y contra toda violencia!
Lima, 21 de febrero de 2008
Comisión Política Provisional - CPP
Partido Socialista
Comisión Política Provisional - CPP
Partido Socialista
